Para arrancar a debatir el tema, hay que aclarar que ningún partido político que haya gobernado en los últimos 20 años puede venir a dar clases del tema. En 2002 durante el gobierno de Eduardo Duhalde se conoció el famoso asesinato de los jóvenes Máximiliano Kosteki y Dario Santillan. Durante el mandato del kirchnerismo, según fuentes oficiales de CORREPI (Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional) bajo los cuatro años y medio de gobierno de Néstor Kirchner hubo 996 de muertes en cárceles o comisarías y por gatillo fácil. En los ocho años de Cristina Fernández hubo 2164. Por lo cual ambos gobiernos tuvieron un promedio por día de 0,58 y 0,74 respectivamente. El kirchnerismo dejó el gobierno con un crimen a manos de fuerzas del Estado cada 28 horas. Y para finalizar durante el Macrismo, según un informe del organismo mencionado “Un total de 1.303 personas fueron asesinadas por el aparato represivo estatal durante la gestión de Cambiemos, entre el 10 de diciembre de 2015 y el 12 de febrero de 2019.”
Lo sucedido en San Miguel del Monte, es una aberración y un símbolo de una parte de la corrupción policial que rige en el interior del país. Quienes son opositores al gobierno de turno, describen a estas medidas como “doctrina chocobar", pero volviendo a los datos, en la actualidad se cuestiona mucho el accionar del poder ejecutivo nacional cuando las cifras fueron mucho mayores en anteriores tiempos, por lo cual tendría que aplicarse el mismo razonamiento ¿o no? Sino como le llamamos a los más de 5.000 casos de gatillo fácil que hubo en las anteriores gestiones democráticas a Cambiemos. Es decir, esto no justifica a los actuales, sino que remarca que dicho fenómeno no es exclusividad de esta gestión.
Con el Frente para la Victoria al poder, se instauraron las medidas garantistas más ortodoxas posibles, hasta el punto de que un policía o cualquier persona tenía que esperar a que lo maten a balazos para recién ahí poder reaccionar. Con Cambiemos, la inversa, se le dio más facilidad a los policías y más mano dura para con los que cometieran delitos, o en teoría eso planteban… Nada funcionó.
Nunca un gris, un plan intermedio, una política de estado tomada entre todos los partidos políticos. Ni muy amigos de la policía ni tan amigos de los ladrones. Gerardo Moldes, fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, describió en un breve párrafo la idea de cómo el garantismo como factor principal conlleva a una sed de revanchismo y gatillo fácil que divide a la sociedad y cosecha muertes y asesinatos: “Esa monstruosa criatura intelectual que se nos presenta bajo el disfraz de ‘garantismo’ no es tal porque, por esa vía, las garantías que consagra nuestra Constitución Nacional dejan de ser resguardos protectores de derechos y libertades y se convierten en trabas insuperables para el ejercicio de la legítima fuerza coercitiva y la autoridad del Estado. Así lo único que se consigue es facilitar la violencia, la criminalidad, la impunidad y el caos. (…) El grado de escepticismo y desconfianza de la población respecto de la Justicia ha alcanzado un punto crítico. Mientras la calle, dolorida por los estragos morales de esa crisis, se deja resbalar por la pendiente del descreimiento, el discurso falsamente “garantista” ha logrado extender sobre toda la Institución su demagogia instrumental con el peligro siempre latente de que termine sustituida por un espíritu de revancha justiciera o la acción directa por mano propia.
Lo que está en juego es la legitimidad de un poder básico del Estado, y resulta doloroso comprobar qué poco han aprendido de sus errores las autoridades encargadas de garantizar su prestigio.”
Escrito por: Tomás Russo


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